El Colegio Oficial de Odontólogos, sobre el Caso Impress: «La empresa dental puede haber incurrido en un presunto delito de Salud Pública»
Impress, que forma parte del negocio «low cost» de los alineadores dentales invisibles, está siendo investigada en nuestro país por «irregularidades». A las denuncias por supuestos delitos de «intrusismo» y «negligencia médica», se suma la declaración exclusiva a elEconomista.es de un extrabajador de la empresa dental rusa-jordana que pone de manifiesto diversas situaciones de «explotación laboral». Antecedentes que, junto a los de la otra empresa investigada, Dr.Smile, «podrían ser constitutivos de un presunto delito contra la Salud Pública», como ha señalado a este periódico el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM). Hablamos de una «grave» situación que está haciendo renacer los fantasmas de los mayores escándalos de estafas odontológicas que se han vivido en España como fueron los casos iDental o de Your Smile Direct, ambos en 2018.
Cuando el caso de Beatriz, afectada por el negocio de los alineadores dentales invisibles, salió a la luz pública se empezó a visibilizar un centenar de casos de pacientes que, mediante grupos de Facebook y Telegram, tomaron fuerza para revelar sus historias con estas clínicas ‘low cost’. Historias cargadas de aparentes «cobros irregulares», «incumplimientos de contratos», «negligencias médicas», «maltrato», entre otros, que enfrascan la figura legal del «dolo» por parte de estas empresas dentales como las que aparecieron en 2018 con las primeras «estafas».
Por estos mismos canales y por foros como ‘Glassdoor’, también han aparecido extrabajadores de Impress y de Dr. Smile, que en un acto de valentía y de solidaridad con las víctimas de este tipo de negocios están dando a conocer aparentes situaciones de «irregularidades» en el modus operandi y de «explotación laboral» que se vive dentro de este tipo de empresas.
A modo de contexto, la empresa Impress, que llegó a España en febrero de 2020, con su primera clínica en Barcelona, opera tanto en clínicas propias a las que internamente llaman ‘flagship’, como en clínicas asociadas, en las que alquilan un box para pasar servicio uno o varios días por semana, y llaman ‘partnership’. En ellas, realizan el negocio «low cost» de los alineadores dentales invisibles de la mano de sus CEO´s Diliara y Vladimir Lupenko y Khaled Kasem. Nombres que están en el ojo del huracán por una serie de aparentes «irregularidades» que están siendo denunciadas por los pacientes y por extrabajadores de su modelo de startup ‘HealthTech’.
«En esta empresa los empleados sufren explotación laboral, negación de derechos laborales y colectivos o de convenio»
En este contexto, un extrabajador de Impress, que por protección ha preferido no revelar su identidad, ha declarado a elEconomista.es que «en esta empresa los empleados sufren explotación laboral, negación de derechos laborales y colectivos o de convenio». Se trata de información vinculada a supuestas «malas prácticas» laborales que la fuente anónima ha trasladado a los organismos competentes, y a las que ha tenido acceso este periódico, con el fin de iniciar procesos penales en contra de la empresa dental rusa-jordana.
«Irregularidades» del tratamiento
En el desglose de las aparentes «malas prácticas» que denuncian tanto pacientes como el extrabajador, la información recabada apunta a que esta empresa en el proceso de tratamiento no cumple con los criterios ni protocolos sanitarios ortodoncistas establecidos en España por las principales sociedades científicas de Ortodoncia: SEDO (Sociedad Española de Ortodoncia) y AESOR (Asociación Española de Ortodoncistas).
«Durante el primer paso, en el diagnóstico, no hacen una telerradiografía lateral, ni una cefalometría, que es fundamental para el tratamiento. Lo que hacen simplemente es un escáner 3D y ortopantomografía (OPG o radiografía frontal). No se hace una exploración física exhaustiva para descartar patologías previas, todo es superficial», ha detallado el extrabajador.
En el proceso de la contratación, los consentimientos informados «son firmados por comerciales», ha indicado. Sobre este último, respecto al caso de Beatriz, la empresa dijo a este periódico que «el Consentimiento Informado y Acuerdo del Paciente» no se trata de un consentimiento médico, sino de un contrato. Son los términos y condiciones que aplican a la contratación del tratamiento. Lo firma la paciente, al mismo tiempo que solicita la financiación, tras el asesoramiento del comercial».
«A veces dan altas sin la conformidad del paciente»
En la parte final del tratamiento, la fuente anónima ha puntualizado que «a veces dan altas sin la conformidad del paciente. Si un paciente lleva dos años de tratamiento y se le solicita refinamiento, no se le realiza más que el escáner, obviando muchas veces el estado óseo».
Cierres de clínicas y «prácticas obligadas»
A las antes mencionadas, aparecen los casos de los cierres de clínicas ‘partnership’ en ciudades como Castellón, Vitoria, Valladolid o Murcia, dejando a un centenar de pacientes en la calle. Casos que aparecen en la OCU contra varias empresas de los alineadores dentales ‘low cost’, y donde aparece Impress.
Además, la fuente anónima ha descrito las prácticas «obligadas» a las que se ven sometidos los empleados de Impress con los pacientes, debido a estar incompletas algunas historias clínicas o la desaparición de algunos consentimientos informados».
«Muchos de estos dos tipos de documentos están extraviados desde 2020. Los pacientes no tienen pruebas ni control de sus historias clínicas. Por eso han tenido que volver citar a pacientes a escáner 3D. Incluso, hasta les han hecho firmar el consentimiento informado a mitad de tratamiento. Si no aparecen los hacen a posteriori. A veces nos encontrábamos que debíamos consultar al paciente por teléfono qué le habían realizado ya que no teníamos anotaciones de las visitas anteriores. Se tornaba complicado de gestionar. Hablamos de prácticas que obligan a hacer que van en contra de la ética moral de los empleados. Internamente se solicitan cambios a una modalidad más ética o acorde a los valores que decían tener y no pasaba nada, sólo servía para recibir más castigos», ha agregado la fuente.
La vida de la historia clínica
En lo que refiere a la vida de la historia clínica y al acceso a ella por parte del paciente o autoridad, el BOE señala en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en el artículo 17 que hace referencia a la «conservación de la documentación clínica» que:
«Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial… La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales de conformidad con la legislación vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la identificación de las personas afectadas… Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal».
El testimonio del extrabajador ha revelado que «las incidencias más visibles que pude apreciar en mi paso por esta empresa fueron las de muchos pacientes que llamaban enfadados porque no había citas debido a que en las clínicas no tenían personal o simplemente no se pasaba cita en dos, tres o cuatro meses, o porque llevaban mucho tiempo esperando su kit de alineadores. Esto, además, de las largas horas de espera en las clínicas para ser atendidos, quejas sobre odontólogos por malos tratos, falta de libro de reclamaciones y la excesiva demora de entrega de las historias clínicas«.
«En Impress juegan al desgaste, dando largas y dilatando tiempos de forma que el paciente se agote mentalmente», ha afirmado la fuente a este periódico.
Despidos masivos «improcedentes» y «maltrato laboral»
Según el extrabajador, en verano de 2023 un gran grupo de trabajadores de Impress fue despedido de diferentes departamentos, pero sobre todo en los equipos de la sede central y clínica. «La empresa nunca dio un motivo, ni siquiera enviaron un correo o misiva desde dirección indicando si es que había reestructuración de plantilla, recortes económicos o qué, pero lo que nos llegó fue que querían abaratar costes. No le deseo a nadie esa sensación de angustia de ir viendo que cada día despiden a varios compañeros, a cuentagotas, de diferentes departamentos a la vez, y nadie te dice nada, fue un maltrato psicológico durísimo», ha descrito la fuente.
En medio de este escenario de «terror, sumisión (bajo coacción) y abuso psicológico», como la fuente ha descrito que se vive en la oficina central de esta empresa, los trabajadores también se enfrentan a situaciones de «gritos» y «faltas de respeto».
«Se sufre bastante de vejaciones y humillaciones»
«Si bien en mi antiguo departamento sí hay horarios fijos, veía que había compañeros en clínica que empezaban a una hora, pero no sabían cuando acababan, sumado a las malas remuneraciones. Se sufre bastante de vejaciones y humillaciones. Te tratan como si fueras un inepto. Tenía compañeros que para poder sobrellevar el día necesitaban consumir tranquilizantes o pastillas para dormir. Algunos se tuvieron que ir de baja», ha descrito el extrabajador.
A los despidos «improcedentes» y al «maltrato», que ha indicado la fuente a este periódico, se suma el fin de los planes de carreras asociados a sueldos congelados y mínimos por convenio. «Cuando llegaron los despidos de verano, los planes de carrera o promoción interna fueron eliminados y congelados. Los que ya tenían una categoría se lo mantuvieron, los que no, han perdido opción a mejorar su sueldo», ha sentenciado la fuente.
El «delito» de Salud Pública
De esta manera, los indicios que señalan las personas afectadas «podrían ser constitutivos de una serie de delitos, siendo significativo el presunto delito contra la «Salud Pública que castiga, incluso de modo agravado, la comercialización irregular de productos sanitarios«, según ha afirmado el COEM a elEconomista.es.
Sobre este presunto «delito», el COEM ha indicado que «la realización de un tratamiento de ortodoncia mediante alineadores plásticos exige, conforme a los protocolos sanitarios básicos, unas garantías sanitarias y de seguimiento por parte de un odontólogo muy exhaustivas».
«El diagnóstico debe producirse tras una batería amplia de pruebas imprescindibles (exploración exhaustiva del paciente por un odontólogo, telerradiografía lateral del cráneo y cefalometría entre otras). La prescripción del tratamiento y los alineadores debe realizarse por un odontólogo que debe valorar si el paciente presenta un estado de salud bucodental compatible con dicho tratamiento (descartando patologías como posibles infecciones, algún tipo de enfermedad periodontal, bruxismo u otras).
Los alineadores deben ser entregados al paciente en la clínica, revisando personalmente su ajuste, adaptación y funcionalidad en la boca del paciente. El seguimiento debe realizarse periódicamente en la clínica, donde un odontólogo revisará la evolución del tratamiento, dando respuesta a cualquier incidencia y decidiendo sobre los cambios de alineadores.
Al estar basado este tratamiento en el uso de un producto sanitario a medida (como son los alineadores plásticos) el incumplimiento de las exigencias técnico-sanitarias y el riesgo evidente para la salud del paciente podrían determinar un delito contra la Salud Pública», ha sentenciado la entidad.
